Como no podría ser de otra manera el colectivo Miles de Voces se adhiere al manifiesto de No a O´Belen:
CONTRA LA TUTELA DE MENORES EN MANOS PRIVADAS
En Europa estamos asistiendo a una campaña de criminalización de la inmigración consciente y organizada por parte del poder político, alimentando los prejuicios racistas con el fin de dividir a la clase trabajadora entre inmigrantes y nativos y desviar la atención de ambos de la lucha contra las medidas antisociales que los capitalistas están imponiendo a todos los trabajadores, independientemente de su origen nacional, su religión o su cultura. Todos los gobiernos están endureciendo sus políticas migratorias, acompañando las modificaciones legales con un discurso de tintes xenófobos y con un aumento del acoso policial (redadas racistas e ilegales, encarcelamiento en CIEs, deportaciones masivas de gitanos, etc.).
Estas políticas también se están trasladando a los menores migrantes sin referentes familiares, o menores no acompañados, ya que la tendencia generalizada es a considerarles inmigrantes antes que niños, con la intención de ir aplicándoles las leyes de inmigración en lugar de las leyes internacionales, estatales y autonómicas de protección de la infancia. En el estado español, cada vez son más las comunidades autónomas (quienes tienen las competencias en protección de menores) que intentan deshacerse de estos menores, negándoles la Tutela, dilatando los plazos para documentarles con su Autorización de Residencia, dejándoles tirados en la calle con dudosas pruebas de determinación de la edad, negando su identidad y cometiendo todo tipo de irregularidades, incumpliendo la legislación vigente.
Y en una nueva vuelta de tuerca, se ha abierto la posibilidad de entregar la Tutela de los menores migrantes a empresas. En el artículo 35.11 de la nueva Ley de Extranjería (relativo a menores no acompañados) se dice textualmente:
“La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas podrán establecer convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores, con el fin de atribuirles la tutela ordinaria de los menores extranjeros no acompañados”.
Si debido a la gestión privada de los centros de protección de menores la atención a los niños y adolescentes en situación de desamparo se ha convertido en un gran negocio, anteponiendo el lucro empresarial a las necesidades vitales de los niños, ahora se abre la posibilidad de privatizar a los propios menores. Esto supone un ataque frontal a la base del Derecho y de la Protección de Menores, una clara discriminación étnica y un alto riesgo para el futuro de los Derechos de la Infancia en su conjunto.
Las organizaciones y colectivos sociales firmantes, mostramos nuestro más absoluto rechazo a esta nueva agresión contra uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, y por tanto exigimos al gobierno del estado español que promueva los cambios legislativos necesarios para evitar semejante disparate. A su vez, reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de los Derechos de la Infancia, lo que implica la lucha por unos servicios sociales públicos, democráticos y de calidad.
