Elecciones en una universidad desprestigiada
En un momento de asfixia económica por el presupuesto que les deben las CC AA y los intentos de apropiación por personas ajenas a la Universidad, se desarrollan elecciones a numerosos rectorados.
TOMÁS MUNYOZ GARCÍA / MADRID
VIERNES 22 DE ABRIL DE 2011. NÚMERO 148
La Universidad está en campaña electoral. La mayoría de campus del Estado están inmersos en la renovación de sus rectorados. Las promesas de los candidatos, sus fotos y eslóganes, inundan los pasillos, y las luchas de poder por el máximo órgano de los campus han comenzado.
Los candidatos están en fase de prometer, pero muchos saben que lo que ellos prometan está supeditado a la financiación, que procede de los entes autonómicos. La situación de la deuda de las administraciones regionales con algunas universidades públicas es alarmante.
Aunque no se conoce el montante total, en comunidades como la valenciana se ha recurrido para hacer frente a los gastos corrientes al ‘confirming’, una práctica que supone que la Generalitat se compromete a pagar la deuda, pero la transfiere a una entidad bancaria. De esta forma las universidades se aseguran la liquidez mínima para funcionar, aunque deben sufragar el pago de los intereses.
En otros casos, como en la Comunidad de Madrid, los juzgados han dado la razón parcialmente a las universidades. La Complutense fue la única que recurrió a esta vía para reclamar el pago y el juez sólo ha estimado como legítimos 18 de los 57 millones en gastos corrientes que la Comunidad le adeuda. Desde 2008, los rectores de las distintas universidades de la región reclaman a la comunidad más de 250 millones.
No es mejor la situación de las universidades catalanas. La crisis y las demoras de las partidas comprometidas por el Govern las han conducido a una situación límite. Las ocho universidades públicas catalanas deberán ajustar sus presupuestos un 10% a la baja y hacer “sacrificios” al menos durante dos años. En La Autònoma de Barcelona (UAB) y la de Girona (UdG) han puesto en marcha sendos planes de choque para seguir funcionando. Además, el conjunto de las universidades catalanas han pedido al Estado una demora en los pagos de los préstamos concedidos para crear los parques científicos.
Si la financiación condiciona la labor del gobierno rectoral, tampoco hay que obviar el papel de los consejos sociales. En la mayoría de autonomías, el presidente del Consejo Social es nombrado por el Gobierno regional. A este organismo, creado con la LOU, se le supone el nexo de la sociedad con la universidad, pero en la práctica se convierte en el mecanismo que las empresas utilizan para hacerse oír en los campus. Su función principal es aprobar los presupuestos presentados por el equipo rectoral, pero no quieren conformarse con eso.
Los planes para el futuro
En diciembre se conoció un documento, fechado en julio de 2010, de los presidentes de los consejos sociales de las universidades catalanas. En él se aboga por dejar el Gobierno de la universidad en manos de un profesional ajeno al ámbito académico, nombrado por el Parlament. Las patronales Foment del Treball y Pymec se apresuraron a apoyar esta posición. La idea no es nueva, simplemente se hicieron eco del informe Estrategia Universidad 2015: la gobernanza de la Universidad, encargado por el Ministerio y presentado en 2009 por la Fundación Conocimiento y Desarrollo.
El informe de la fundación presidida por Ana Patricia Botín, planteapara la gobernanza, entre otras cosas, un modelo de corte anglosajón, consistente en que los rectores se conviertan en meros gestores nombrados por el Consejo Social. Pero hay más. En el citado documento se apuesta por “facilitar mecanismos que proporcionen autoridad a los máximos responsables en la dirección y la gestión de las universidades”.
Para ello proponen la sustitución del Claustro –máximo órgano decisorio actual compuesto por profesores, estudiantes y trabajadores– por un Consejo Superior, “órgano de gobierno y de máxima responsabilidad de la Universidad, formado por un grupo reducido de miembros, no superior a 15, con una mayoría de representantes de la sociedad”. Entre las funciones de este Consejo Superior estaría elaborar y aprobar el presupuesto, elaborar y aprobar estatutos y supervisar y evaluar la calidad (docencia, investigación y transferencia) docente, teniendo que rendir cuentas al Parlament de Catalunya.
En materia de financiación, por ejemplo, se promueve una reducción de la financiación básica (financiación pública) a favor de la “financiación estratégica” dedicando un mayor peso a la investigación y gestión, dejando tan solo en el 35% el aporte en docencia, socavando así el carácter público de la Universidad y situándola en el centro de las exigencias propias del mercado.
El claustro de la Universitat de Barcelona consiguió hacer dimitir al presidente de su Consejo Social cuando se hizo público este documento. Los rectores catalanes se distanciaron. Pero a nadie se le escapa que la línea que va a tomar la siguiente reforma tendrá muy en cuenta estas recomendaciones. ¿Estaremos viviendo las últimas convocatorias de elecciones a rector?
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